El Congreso de la República de Guatemala emitió recientemente el Decreto 14-2025, mediante el cual se crea la Ley de Portabilidad Numérica en los Servicios de Telefonía. Esta normativa marca un avance importante en materia de derechos del consumidor, competitividad en el sector de telecomunicaciones y transparencia en la prestación de servicios públicos esenciales.

¿Qué es la Portabilidad Numérica?

La portabilidad numérica es el derecho que tiene todo usuario de conservar su número telefónico al cambiar de operador, ya sea en servicios de telefonía fija o móvil. Este mecanismo permite al consumidor elegir libremente la empresa que mejor se adapte a sus necesidades, sin verse obligado a renunciar al número que ha utilizado de forma personal o profesional.

En la mayoría de países América y Europa, esta herramienta ha sido clave para mejorar la calidad del servicio, bajar costos y estimular la innovación en el sector. Guatemala adopta formalmente este estándar internacional con la aprobación del Decreto 14-2025.

Aspectos más relevantes del Decreto 14-2025

1. Derecho del usuario a cambiar de operador sin perder su número

El decreto garantiza que cualquier usuario podrá solicitar la portabilidad en cualquier momento, sin necesidad de justificar su decisión. El objetivo es fortalecer la libertad de elección, evitando barreras o penalizaciones impuestas por operadores.

2. Proceso rápido y gratuito

La normativa establece que:

•             La portabilidad debe realizarse en un plazo máximo de tres horas a partir de la solicitud.

•             El procedimiento debe ser totalmente gratuito para el usuario.

•             Los operadores no pueden exigir pagos adicionales, requisitos indebidos ni demoras injustificadas.

3. Eliminación de obstáculos administrativos

Los operadores no podrán:

•             Negar la portabilidad por tener facturas pendientes (con ciertas excepciones reguladas).

•             Suspender el número mientras dure el proceso.

•             Solicitar documentos adicionales a los previstos en el Reglamento correspondiente.

Esto evita prácticas que históricamente han limitado la libre competencia.

4. Supervisión y regulación

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) será la autoridad encargada de:

•             Verificar el cumplimiento de los procedimientos.

•             Dictar las normas técnicas y administrativas necesarias.

•             Garantizar la interoperabilidad entre operadores.

•             Supervisar la protección de datos personales durante el proceso.

5. Garantía de continuidad del servicio

El decreto dispone que el usuario no puede quedar sin servicio durante el proceso de cambio. Asimismo, para los servicios de recarga o telefonía prepago, debe asegurarse la conservación de saldo y beneficios adquiridos.

Impacto del Decreto en los Consumidores

La Ley de Portabilidad Numérica fortalece la protección de los usuarios al ofrecer:

•             Mayor poder de decisión.

•             Servicios más competitivos y de mejor calidad.

•             Tarifas más accesibles.

•             Transparencia en los contratos y procesos administrativos.

Además, fomenta un mercado más dinámico, donde las empresas deben mejorar su oferta para mantenerse competitivas.

Conclusión

El Decreto 14-2025 representa un avance significativo en los derechos de los usuarios guatemaltecos, alineando al país con estándares internacionales de telecomunicaciones. Facilita la libre elección, fortalece la competencia y promueve servicios más eficientes y orientados al consumidor.

Anexo Decreto 14-2025

El Congreso de Guatemala aprueba punto resolutivo para reforzar la lucha contra el crimen organizado

El Congreso de la República de Guatemala emitió el Punto Resolutivo 1-2025, una disposición mediante la cual exhorta al Presidente de la República a declarar como organizaciones terroristas a los grupos criminales que operan en el país y que han sido señalados por su alto grado de peligrosidad, tanto a nivel nacional como internacional.

Esta decisión legislativa se fundamenta en los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la República, los cuales establecen la obligación del Estado de proteger la vida, la justicia, la seguridad y el desarrollo integral de las personas. El documento resalta la necesidad de adoptar medidas firmes frente a estructuras delictivas que afectan la paz social, la integridad de las comunidades y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

Contexto internacional

El resolutivo toma en cuenta la declaratoria realizada por el Gobierno de los Estados Unidos el 23 de septiembre de 2025, en la que se reconoció a estas estructuras como organizaciones terroristas extranjeras debido a su nivel de amenaza, operación y capacidad de desestabilización. El Congreso guatemalteco destaca que dicha clasificación internacional refleja la gravedad de la problemática y la necesidad de armonizar esfuerzos con otros países de la región.

Medidas instruidas por el Congreso

Además de la exhortación al Ejecutivo, el Punto Resolutivo instruye acciones específicas a distintas instituciones públicas:

• Ministerio de Gobernación: Creación de centros penitenciarios especializados destinados a la reclusión de personas vinculadas a estructuras criminales de alta peligrosidad.
  
  
• Ministerio de la Defensa y Policía Nacional Civil: Fortalecimiento de la coordinación operativa para contrarrestar la amenaza que representan estas agrupaciones.
  
  
• Ministerio de Relaciones Exteriores: Consolidación de mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos y países aliados, con el fin de compartir información, estrategias y buenas prácticas en materia de seguridad.
  
  

Estas medidas buscan generar una respuesta integral que abarque aspectos preventivos, operativos y de cooperación internacional, reforzando así las capacidades del Estado en el combate al crimen organizado.

Impacto en la seguridad nacional

El Congreso sostiene que estas organizaciones representan un grave riesgo para la estabilidad y la paz, debido a su participación en actividades delictivas como extorsión, violencia, tráfico ilícito y otras conductas que afectan directamente a la ciudadanía. Declara que la clasificación como organizaciones terroristas permitirá adoptar políticas más estrictas, fortalecer la persecución penal y garantizar herramientas más eficaces para la protección de la población.

Un paso hacia la protección de la población

Con este punto resolutivo, el órgano legislativo reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el orden constitucional. La declaratoria pretende sentar las bases para una actuación más contundente y coordinada del Estado, enfocada en reducir la violencia, restaurar la paz social y proteger los derechos fundamentales de los guatemaltecos.

Anexo PUNTO RESOLUTIVO 1-2025

Reforma al Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto sobre Construcciones del Estado

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 13-2025, por medio del cual se reforma el artículo 30 bis del Decreto 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto. Esta modificación tiene como finalidad regular y fortalecer los procedimientos legales para la ejecución de obras de infraestructura del Estado en inmuebles que no son de su propiedad, estableciendo requisitos claros y mecanismos de seguridad jurídica que permitan un uso adecuado, transparente y ordenado de los recursos públicos.

La reforma surge en un contexto donde numerosas obras estatales se desarrollan en bienes de naturaleza municipal, comunitaria o incluso privada, lo cual ha generado históricamente conflictos, obstáculos administrativos y riesgos legales para la correcta ejecución de proyectos públicos.

Objetivo principal de la reforma

El propósito fundamental del Decreto 13-2025 es garantizar que cualquier obra pública que se realice en un inmueble que no pertenece al Estado cuente con la documentación legal adecuada, ya sea respecto a la posesión o la propiedad. Con ello, se busca prevenir litigios, proteger los recursos estatales y asegurar que los proyectos de infraestructura cumplan con los principios de eficiencia, legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa.

Puntos más relevantes de la reforma

1. Acreditación de la posesión o propiedad

La reforma define cómo debe documentarse la tenencia del inmueble donde se desarrollará la obra. Dependiendo del tipo de bien, los requisitos varían:

• Inmuebles municipales: deben respaldarse por medio de acuerdo, disposición legal o instrumento público emitido por la municipalidad.
  
  
• Inmuebles particulares: deben acreditarse mediante documento notariado que confirme la legítima posesión del Estado o la cesión temporal del terreno.
  
  
• Inmuebles bajo posesión del Estado: se admite documentación técnica y legal que demuestre el derecho posesorio, acompañado de informes emitidos por autoridades competentes.
  
  

La reforma establece que ninguna obra debe iniciar sin que la acreditación esté formalizada, evitando situaciones en las que el Estado invierte recursos en terrenos sin respaldo jurídico.

2. Condición obligatoria de cesión de posesión

En los casos de inmuebles privados, la reforma exige que el propietario ceda la posesión a favor del Estado durante el tiempo que dure la obra, salvo que se trate de un proceso de expropiación o exista un convenio formal que regule la utilización del terreno.

Esta disposición evita que el Estado asuma riesgos jurídicos o administrativos derivados de litigios entre particulares o de impugnaciones posteriores.

3. Excepciones reguladas

La ley contempla excepciones para facilitar proyectos en contextos específicos, especialmente cuando se trata de inversiones en infraestructura comunitaria o en terrenos donde existen formas de propiedad colectiva. Entre las excepciones destacan:

• Tierras comunales o de gobernanza comunitaria.
  
  
• Proyectos con acuerdos expresos de autoridades ancestrales o comunitarias.
  
  
• Casos donde las comunidades otorgan la posesión por vías tradicionales o normativas internas.
  
  

Estas excepciones reconocen la realidad jurídica y cultural de muchas regiones del país, donde la propiedad colectiva es la forma predominante de administración de la tierra.

4. Obras en proceso

El Decreto 13-2025 establece que los proyectos que ya estaban en marcha al momento de su publicación continuarán bajo la normativa anterior, evitando retrasos o complicaciones legales que afecten la ejecución de obras ya iniciadas.                        

En cambio, toda obra nueva deberá ajustarse estrictamente a las nuevas disposiciones.

5. Importancia de los informes técnicos y registrales

La reforma refuerza la necesidad de contar con dictámenes, informes técnicos y verificaciones registrales antes de autorizar la ejecución de cualquier obra, con el fin de evitar inversiones en terrenos con conflictos legales o sin seguridad jurídica.

Impacto jurídico y administrativo del Decreto 13-2025

La reforma introduce un marco más riguroso y ordenado para la planificación de infraestructura estatal. Entre los principales efectos destacan:

• Mayor protección del patrimonio público, al evitar inversiones en terrenos con problemas de propiedad o posesión.
  
  
• Reducción del riesgo de litigios, ya que el Estado actuará sólo cuando la situación jurídica del inmueble esté debidamente documentada.
  
  
• Fortalecimiento de la transparencia y control del gasto público, al establecer requisitos previos a la ejecución de obras.
  
  
• Reconocimiento de formas tradicionales y comunales de propiedad, lo cual favorece proyectos en áreas rurales y comunidades indígenas.
  
  
• Mejor planificación y estructuración de proyectos, al requerir información registral, técnica y legal que respalde cada obra.
  
  

Conclusión

El Decreto 13-2025 representa un avance significativo en la regulación de las obras públicas en Guatemala. Al establecer un marco jurídico claro sobre la acreditación de bienes inmuebles para la construcción estatal, se garantiza que los proyectos de infraestructura se ejecuten con mayor certeza, legalidad y eficiencia.

Esta reforma fortalece la gestión pública, protege los recursos estatales y promueve una planificación más responsable y transparente. Desde Fernández García & Asociados, reiteramos nuestro compromiso con el análisis jurídico oportuno y la divulgación de información relevante para el fortalecimiento institucional del país.

Anexo Decreto 13-2025

Nuevo Marco Legal para el Combate de Estructuras Criminales en Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala publicó el Decreto 11-2025, una normativa que crea la Ley para el combate frontal de los grupos delictivos y organizaciones criminales transnacionales y terroristas. Este decreto establece un conjunto de reformas y nuevas disposiciones destinadas a fortalecer la seguridad pública, proteger la vida y la integridad de las personas y mejorar la coordinación entre las instituciones del Estado en la lucha contra actividades delictivas de alto impacto.

1. Finalidad del Decreto            

El objetivo principal de esta ley es prevenir, investigar, procesar y sancionar a quienes integren o colaboren con estructuras criminales organizadas que afecten el orden público, la convivencia social y el patrimonio de la población. El Estado busca reforzar su capacidad de respuesta mediante medidas legales más claras, severas y coherentes con los estándares internacionales.

2. Declaratoria y Alcance

El decreto identifica a ciertas estructuras delictivas como organizaciones criminales de carácter transnacional, lo cual permite aplicar mecanismos especiales de investigación, penas agravadas y acciones preventivas coordinadas entre distintas instituciones del Estado.
 La normativa también regula la actuación en territorios considerados de riesgo y establece parámetros para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

3. Reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada

Entre los cambios más relevantes se encuentran:

• La inclusión de nuevos delitos y conductas agravadas asociados a actividades delictivas organizadas.
  
  
• El fortalecimiento de las facultades investigativas y operativas de las instituciones encargadas de la persecución penal.
  
  
• La actualización de tipos penales vinculados a delitos como extorsión, reclutamiento ilícito de menores, obstrucción al tránsito y otros hechos que afectan la seguridad ciudadana.
  
  

4. Reformas al Código Penal y Código Procesal Penal

El Decreto 11-2025 incorpora modificaciones que buscan aumentar la eficacia del sistema penal, incluyendo:

• Incremento de penas para ciertos delitos cometidos por integrantes de estructuras criminales.
  
  
• Nuevos supuestos procesales, especialmente relacionados con prisión preventiva, procedimientos de investigación y medidas cautelares.
  
  
• Incorporación de disposiciones que permiten una respuesta penal más rápida y contundente frente a hechos delictivos de alto riesgo.
  
  

5. Centros de Privación de Libertad de Máxima Seguridad

La ley autoriza la creación, habilitación y adecuación de centros penitenciarios especiales destinados a la detención y cumplimiento de pena de personas vinculadas a estructuras delictivas organizadas.
Estos centros deberán contar con controles reforzados, infraestructura especializada y protocolos estrictos para garantizar el orden y la seguridad.

6. Coordinación Interinstitucional

Una de las prioridades del Decreto 11-2025 es promover un trabajo articulado entre:

• Ministerio de Gobernación
  
  
• Ministerio de la Defensa Nacional
  
  
• Ministerio Público
  
  
• Policía Nacional Civil
  
  
• Instituto Nacional de Ciencias Forenses
  
  
• Otras instituciones vinculadas a la seguridad y prevención
  
  

Además, el Ministerio de Gobernación deberá emitir informes periódicos sobre las acciones desarrolladas y los procesos de adquisición de equipo destinado a la lucha contra la criminalidad organizada.

7. Responsabilidad y Fiscalización

El decreto establece que todo proceso de adquisición, inversión y ejecución deberá ser acompañado por:

• La Contraloría General de Cuentas, que ejercerá auditoría continua.
  
  
• La publicación obligatoria de información relevante en el Sistema GUATECOMPRAS.
  
  

Estas medidas buscan asegurar transparencia y uso adecuado de los recursos públicos.

8. Cooperación Internacional

La ley faculta al Estado para gestionar convenios de cooperación con gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, especialmente en temas de seguridad, investigación criminal, intercambio de información, capacitación técnica y fortalecimiento institucional.

Conclusión

El Decreto 11-2025 representa un avance significativo en el marco jurídico destinado a enfrentar el crimen organizado en Guatemala. La normativa moderniza herramientas legales, fortalece la coordinación institucional y amplía las posibilidades de respuesta contra actividades delictivas que afectan gravemente la seguridad nacional.

Anexo Decreto 11-2025

Informó: “hemos acordado derogar los acuerdos 46, 47, 48 y 49-2025, en tanto se llegue a los nuevos consensos”.

La Ley de Tránsito de Guatemala entró en vigencia el 18 de diciembre de 1996, mediante el Decreto 132-96. Sin embargo, esta ley ha sido reformada en varias ocasiones.  

1. Las partes interesadas van a conformar una mesa técnica de trabajo, ¿para qué? Para discutir el artículo 29 de la Ley de Tránsito.
2. Proponer una nueva iniciativa de ley de tránsito que la modernice, en un plazo máximo de un año, ya que la ley de tránsito vigente se encuentra desactualizada.
3. Derogar los 4 acuerdos gubernativos que delegó el Ministro de Gobernación y el Viceministerio de Transporte para coordinar la mesa técnica de trabajo mientras se llega a los nuevos consensos.
4. Minimizar los seguros no son viables.